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Derechos y prevención

Fiscalización y prevención de explotación económica

Mejorar controles tributarios, patrimoniales y de movimientos de fondos frente a fraude y explotación.

Estado jurídico: Propuesta institucional no aprobada; objetivos para el debate legislativo.

Alcance de la iniciativa

Mejorar controles tributarios, patrimoniales y de movimientos de fondos frente a fraude y explotación.

Contenido propuesto o documentado

Medidas posibles: trazabilidad, obligaciones de información proporcionadas, controles de actividades económicas, prevención de captación financiera engañosa y medidas para resguardar a víctimas.

Qué cambiaría y qué falta resolver

Identificar instituciones competentes, garantías de privacidad y debido proceso, mecanismos ya existentes y costos de cumplimiento; no equiparar donaciones religiosas con fraude.

Garantías transversales

  • Libertad de pensamiento, religión y asociación; control de conductas concretas, no de doctrinas.
  • Definiciones legales claras, proporcionalidad, igualdad y debido proceso.
  • Prevención y asistencia sin revictimización; datos personales restringidos.
  • Consulta interdisciplinaria y participación de organizaciones con autonomía.

Fuentes y documentación

Análisis derecho civil/familiar/penal; Líneas institucionales de LeyAntiSectas, 2026.

Participación

Las entidades pueden aportar observaciones o adherir a esta propuesta concreta sin adherir a las demás. Formulario de adhesión.

Alcance del debate y evaluación

Esta ficha expone objetivos institucionales, no un articulado aprobado ni una promesa de resultados. Una reforma debe precisar responsabilidades, recursos, protección de datos y mecanismos de revisión; su aplicación exige competencias y garantías definidas.

Referencias oficiales

Las referencias se ofrecen para distinguir el marco jurídico de las propuestas de LeyAntiSectas. La ficha de un proyecto no acredita por sí sola su aprobación.

Asignación tributaria voluntaria y libertad de elección

La propuesta incorpora el debate sobre mecanismos que permitan elegir entre entidades religiosas, hospitales, escuelas, universidades o instituciones de bien público como posibles destinos de una porción definida de recursos. No se presenta como un sistema vigente ni como un beneficio tributario ya reconocido.

La alternativa requiere diseño tributario y constitucional específico: origen de los recursos, impacto presupuestario, igualdad, condiciones de elegibilidad y auditoría de entidades receptoras. El debate debe distinguir asignar impuestos existentes de crear un mecanismo nuevo.

Consultar el desarrollo jurídico de la alternativa de financiación