El fiscal federal Federico Delgado solicitó el llamado a indagatoria de Juan Luis Mingo Salazar, presidente en Argentina de la empresa Falabella S.A, acusado de trata de personas con fines de explotación laboral. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento de cinco personas: dos ellas acusadas de ser los dueños de los talleres donde presuntamente se realizaba la explotación; otro que sería el encargado de reclutar trabajadores a través de las funciones que cumplía como autoridad en el espacio religioso “Misión Universal”; y otras dos dueñas de las marcas “Lyess” y “Odas”, cuyas prendas serían confeccionadas en los mencionados talleres.
En febrero de 2011, un hombre de nacionalidad boliviana denunció que vivía y trabajaba en un taller textil ubicado en el barrio porteño de Floresta. Agregó que realizaba jornadas de lunes a viernes de 7 a 22:30 por un sueldo de $600 mensuales, que únicamente podía salir los fines de semana y que el lugar estaba a cargo de uno de los imputados en la causa.
A partir de la investigación, el 18 de octubre de 2012 se realizó un allanamiento en tres domicilios de la calle Pergamino al 1400, en el barrio porteño de Floresta, donde se pudo determinar el funcionamiento de un taller textil manejado por tres de los imputados. En esa oportunidad, también se verificó que en el lugar habitaban al menos seis ciudadanos bolivianos. Además, se constató que las víctimas se encontraban en condiciones infrahumanas, ya que estaban hacinadas, sin elementos de seguridad ni higiene, el lugar no poseía ventilación y las instalaciones eléctricas que había eran peligrosas.
En ese sentido, según el informe realizado por la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se desprende que en el lugar coexistía un taller textil, un depósito y una vivienda (varias habitaciones con camas marineras que se “alquilaban” a diferentes familias de nacionalidad boliviana), todo ello en presencia de graves peligros de seguridad y falta de higiene.
Origen del caso
La causa se inició a raíz de la denuncia realizada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (ex UFASE, ahora Protex), el 31 de agosto de 2011. En esa oportunidad, se puso en conocimiento que con motivo de la inspección efectuada por la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 24 de febrero de 2011 se pudo constatar que en el domicilio ubicado en la calle Pergamino al 1400 funcionaba un taller textil y que en el lugar se encontraba trabajando una víctima de nacionalidad extranjera con situación migratoria irregular.
Por otro lado, se informó que la víctima había declarado ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que vivía dentro del taller y que trabajaba de lunes a viernes de 7 a 22:30 horas y que únicamente podía salir los fines de semana, y sólo en caso de que haya terminado su labor. Por último, refirió que cobraba un sueldo de $600 mensuales. Frente a esa situación y ante una posible infracción a la ley de trata de personas, el organismo de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una presentación ante la entonces UFASE (actual PROTEX), que originó la denuncia.
A partir de la actividad probatoria realizada por la UFASE se pudo identificar a los dueños del taller y asimismo se verificó que en los domicilios linderos (tres en total), también propiedad de los imputados, vivían 28 personas, varias con apellidos similares a la de los dueños del taller. Por otra parte, se corroboró que la marca “Iyess” pertenecía a Yoon Hye Jin, mientras que “Odas” a Mónica Jacinta Saban.
Como consecuencia, el juez ordenó varias medidas de prueba que finalmente confirmaron el hecho denunciado y que tanto los dueños del lugar como los trabajadores eran en su mayoría de nacionalidad boliviana, al igual que los habitantes de los domicilios lindantes, también propiedad de los nombrados.
A su vez, se observó que varias de las personas que salían del taller textil ingresaban a la vivienda contigua, posteriormente salían de allí con bolsas de comida para finalmente reingresar al taller. También se puso en conocimiento que quien se encargaba de “conseguír” la mano de obra del taller era una autoridad religiosa en la iglesia “Misión Universal”, que captaba a trabajadores textiles que concurrían a ese espacio.
Por otro lado, corroboraron que la marca “Iyess” se relacionaba con el local de ropa “Fashion Pride”, ubicado en la Avenida Nazca 568 y, que la marca “Odas”, comercializaba indumentaria femenina en un local denominado de la misma manera, ubicado en la calle Helguera 454, ambos en la ciudad de Buenos Aires. Ambas firmas serían locales que por un lado mandan a confeccionar prendas y por el otro se dedican a la venta mayorista y minorista. El acusado de reclutar víctimas, además, se encargaba de conseguir grandes cantidades de prendas para ser confeccionadas en el taller investigado, de distribuirlo entre los empleados y reclamar el pago del dinero pautado por el trabajo realizado, es decir, de la coordinación del trabajo del taller.
Luego de toda la investigación realizada, y por pedido de la fiscalía, el juez ordenó los allanamientos en los tres domicilios que se llevaron a cabo en octubre de 2012. Como resultado, se pudo determinar que en uno de ellos funcionaba un taller de costura donde habían instaladas 13 máquinas de coser que se encontraban en funcionamiento, tipo industriales. Además, dentro del lugar se encontraban siete personas, entre ellos 2 imputados y 5 víctimas, de nacionalidad boliviana. En esa oportunidad, se secuestraron muestras de etiquetas que tenían las prendas de vestir confeccionadas, con la marca “Falabella” y “Basement Collection”, marca que también pertenece al grupo Falabella.
A pesar de estos resultados, el juez resolvió el sobreseimiento de todos los imputados. Sin embargo, esa decisión no fue compartida por la fiscalía y la resolución fue apelada. Finalmente, el 21 de marzo de 2013, la Sala II de la cámara de apelaciones del fuero revocó los sobreseimientos y ordenó al Juez que continuara con la investigación. Por último, con fecha 29 de abril de 2015, el juez delegó la investigación en la fiscalía.
