El diputado nacional por la provincia de Corrientes Carlos Rubin presentó un proyecto de ley que busca otorgar una normativa que brinde asistencia a las víctimas de Grupo-dependencia, y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos a personas de cualquier sexo y edad, o familias que fueron obligadas a actos u omisiones por persuasión coercitiva, abuso físico, abuso psicológico o técnicas de destrucción de la personalidad.
En los fundamentos, el legislador del FpV remarca que “no hay año en que no se conozca por lo menos una docena de hechos en los que las víctimas de estos grupos -cuando se atreven a hacerlo- denuncian haber sufrido abusos, violaciones, estafas y coerciones psicológicas y económicas de una muy variada gama”.
“Argentina todavía se debe el debate sobre cómo actuar frente a estos grupos que violan los derechos humanos de miles de personas. Para cuidar la libertad de culto, como lo han hecho países como Francia”, puntualizó Rubín.
Si bien la legislación sobre las sectas es una cuestión que debería enfrentar el Congreso, la provincia de Córdoba es la única del país que tiene normas para crear un programa provincial de prevención y asistencia a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica. En la provincia de Corrientes el gobernador Colombi vetó una norma similar, recuerda el diputado.
Esta norma se basa en la necesidad de garantizar derechos humanos, derechos del niño y la salud pública, en el marco del respeto a la diversidad religiosa, de ideas y creencias espirituales, de libre adhesión a prácticas psicoterapéuticas alternativas, de personas que han sido víctimas de individuos, grupos u organizaciones que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para vulnerar los derechos fundamentales de la víctima.
