Agentes encubiertos siguieron de cerca la actividad de una pareja de españoles que regentea dos quintas de rehabilitación de adictos en Río Cuarto. Indagan el caso de una joven que vino de Santa Fe
La Justicia Federal está llevando adelante una investigación por posible comisión del delito de trata de personas en la agrupación Remar de Río Cuarto.
En los primeros meses del año, agentes encubiertos de Gendarmería estuvieron siguiendo de cerca las actividades del centro de rehabilitación de adictos que, en esta ciudad, es regenteado por una persona que se presenta como el “pastor” Gómez, de origen español, y su esposa Maité.
La denuncia penal fue radicada en febrero de este año en la Justicia Federal y describe además de golpizas físicas, que la joven era obligada a dormir en el piso y que nunca, mientras estuvo bajo la responsabilidad de Remar, recibió un centavo de la ayuda social que le habían otorgado en el Hospital San Antonio de Padua.
Lo que motivó la pesquisa fue una denuncia radicada en la Justicia Federal por el presunto trato inhumano que recibió una parturienta mientras estuvo alojada en Remar.
La denuncia fue recibida en febrero de este año, poco después de que una investigación de PUNTAL dejara al descubierto los controvertidos métodos de rehabilitación de adictos que utiliza la agrupación Remar y la situación de abandono en la que se encuentran los internos en una de las quintas que la agrupación de origen español tiene en Río Cuarto.
Una salvación que fue un bumerán
La parturienta a la que se refiere la denuncia -y que en esta nota llamaremos con el nombre ficticio de “Anabel”- llegó al hospital de Río Cuarto en la más completa soledad, con un embarazo avanzado y tratando de dejar atrás una historia de explotación, abusos y adicciones en un pueblito rural santafesino.
Anabel creció en un paraje sin la mínima contención, en un ámbito donde la prostitución y los abusos eran algo más que un riesgo, tanto es así que antes de cumplir la mayoría de edad fue entregada por su madre a uno de sus “clientes”, quien según la denuncia le habría hecho pagos periódicos a la madre por su “adquisición”.
Durante ese período oscuro de su vida, Anabel resultó víctima de abusos y fue inducida al consumo de drogas. Lo que siguió no fue mucho mejor. Anabel negoció con su “propietario” irse a otro pueblo rural de la provincia de Santa Fe donde le habían prometido que trabajaría como empleada doméstica. Pero una vez llegada a su nuevo destino, el abuso y la explotación laboral se repitieron.
En el Hospital San Antonio de Padua, Anabel recibió atención gratuita por su embarazo y se le otorgó un plan de ayuda social para mujeres en condición de vulnerabilidad, pero como se encontraba sin contención de ningún tipo y sin dinero para costearse un alojamiento, fue derivada a Remar.
Lo que acabaría encontrando Anabel en Remar no iba a ser precisamente la salvación de sus pesares: durante su internación en el centro de rehabilitación para adictos habría recibido un trato inhumano al punto de que debió recibir la ayuda del Centro de Asistencia a la Víctima donde le aconsejaron que denunciara todo en la Justicia Federal.
Después de analizar en detalle la denuncia, el fiscal federal Guillermo Lega, la desdobló y le pidió al juez Carlos Ochoa que declare la incompatibilidad de la Justicia Federal por los delitos que la chica habría sufrido durante su adolescencia en Santa Fe -entre otros motivos, porque a la fecha de los sucesos no se había legislado aún la ley de trata de personas-, y en el mismo acto solicitó al magistrado que se ordene una investigación para determinar si Remar incurrió en un abuso de la vulnerabilidad de la joven, situación que de demostrarse encuadraría en la figura de la trata de personas.
Alejandro Fara
afara@puntal.com.ar
FUENTE: http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=139283#.U2sm72UD-mY.twitter
