Una misión del Congreso norteamericano llegará el lunes a Buenos Aires, interesada en el proceso a la Escuela de Yoga, abierta desde 1993 pese a que se dictó la falta de mérito.
Para los legisladores, la respuesta de Granillo fue “decepcionante”.
Le enviaron una carta a Menem, firmada por 28 representantes.
Por Mariana Carbajal
El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, fue duramente criticado por un grupo de legisladores de Estados Unidos, donde fue embajador hasta hace dos años. En una carta enviada ayer al presidente Carlos Menem, 28 demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes expresaron su irritación por una “respuesta decepcionante, si no insultante” de Granillo Ocampo a un pedido de información sobre el estado de la causa judicial contra la Escuela de Yoga de Buenos Aires (AYBA), que se tramita en Argentina. Los parlamentarios manifestaron su “alarma” porque el caso sigue abierto pese a que un tribunal dictó la falta de mérito a los miembros denunciados. La causa se inició en 1993, pasó por tres jueces y todavía se investiga a los miembros de la Escuela. “Parece haber una negación del derecho a un juicio justo para los acusados”, cuestionaron los legisladores. La preocupación norteamericana no se reduce a esta carta: ocho asesores del Congreso llegarán a Buenos Aires el próximo lunes en misión oficial para entrevistarse con miembros de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, para advertir sobre las irregularidades en la causa, según confirmó a Página/12 Larry Birns, director de la ONG –con sede en Washington– que auspicia el viaje.
Lo que irritó a los legisladores norteamericanos fue una escueta respuesta firmada por Granillo Ocampo el 24 de marzo, a una carta enviada seis días antes al presidente Menem por el diputado demócrata Luis Gutiérrez. El legislador reiteraba al mandatario argentino su “preocupación” por “las violaciones de derechos civiles contra los instructores y alumnos de la EYBA” y reclamaba una respuesta a los múltiples requerimientos sobre el estado de la causa, formulados por otros representantes. Granillo respondió en nombre de Menem y se limitó a acusar recibo de la nota.
Ayer, ante la trascendencia del tema, el ministro de Justicia escribió una nueva carta a Gutiérrez, en la que le explicó que las actuaciones relativas a la EYBA “se encuentran dentro de la órbita del Poder Judicial”, y en consecuencia, “está vedada la intervención del gobierno en dicha etapa”.
A través de un fuerte lobby en el Capitolio, fomentado por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) que encabeza Birns, la EYBA consiguió que congresistas enviaran a Menem en los últimos dos años, decenas de cartas manifestando su inquietud por la “persecución judicial” de que habrían sido víctimas los miembros de esa fundación. La de Granillo fue la primera contestación que recibieron. Según le escribieron a Menem los 28 legisladores, el presidente Clinton les prometió intervenir “para que el gobierno argentino resuelva este caso lo más rápido y eficientemente posible”.
La causa contra la Escuela de Yoga comenzó en 1993 y todavía sigue abierta. Se inició por la denuncia de una integrante de la organización, Valeria Llamas (24), que había acusado a su padrastro, Rodolfo Sommariva, de haberla golpeado y acosado. A su vez, el padrastro dijo que la joven era víctima de una secta que le había lavado el cerebro y la había corrompido. En marzo de 1995, el juez Mariano Bergés procesó al director de la escuela, Juan Percowicz, por corrupción de mayores (una figura penal en desuso), promoción de prostitución y estafa. La Cámara del Crimen revocó esa medida y les devolvió la libertad a los integrantes de la fundación. La Corte Suprema dijo que el juez se excedió, y en octubre de ese año Bergés se excusó de seguir en la investigación: argumentó que los miembros de la escuela lo habían “presionado con brujerías”. Al mismo tiempo, la Comisión de Juicio Político de Diputados solicitaba su enjuiciamiento por mal desempeño.
A partir de allí, se hizo cargo del caso el juez Roberto Murature, quien procesó al hijo de Percowicz, Marcelo, por hurto agravado. Este magistradorestituyó el edificio clausurado a la fundación y en noviembre de 1995 dictó la falta de mérito a los acusados.
En julio de 1997, la Cámara de Casación determinó que los procedimientos contra la Escuela de Yoga no estuvieron basados en jurisprudencia sólida y fueron ilegales. Sin embargo, el nuevo juez de la causa, Julio César Corvalán de la Colina, aún no ha cerrado el caso y continúa investigando a los miembros de la entidad.
Una medida cuestionada
Según denunciaron miembros de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, una de las últimas medidas que tomó el juez de instrucción Julio César Corvalán de la Colina fue declarar “incapaces” a dos de sus alumnas: María Verónica Cané, de 27 años, y María Valeria Llamas, de 30, a pesar de que los informes de los psiquiatras forenses –realizados en 1994– las consideraron “personas absolutamente normales”.
Para los integrantes de esta fundación, dedicada desde hace 16 años al estudio de la filosofía, se trata de “una muestra más de la corrupción judicial que caracterizó a la causa” que los investiga. Según los miembros de la Escuela, la decisión del magistrado fue tomada el 26 de marzo “sin siquiera citar a las nombradas, violando todas las disposiciones de la ley argentina sobre capacidad y derechos de los adultos”.
Los denunciantes agregaron que el juez Corvalán de la Colina, luego de declarar “incapaces” a las dos jóvenes, “reconoció a las madres de las dos mujeres, Marta Lelia Fertonani y Elena Páez, como sus representantes legales, quienes en nombre de sus hijas y contra la expresa oposición de ellas, querellan a la Escuela de Yoga de Buenos Aires”.
Los abogados de la Escuela interpusieron un incidente de nulidad por falta de legalidad del proceso, pero el recurso fue rechazado por el juez. La defensa, entonces, apeló la medida.
